Las intervenciones públicas se orientan a la resolución de problemas de regiones, ciudades o grupos sociales vinculados al cambio climático, cuestiones ambientales, acceso a la vivienda, servicios de transporte, bienes culturales o al fortalecimiento de redes sociales. Los policy-makers requieren información resumida y generalmente usan índices que resumen un gran espectro de información para determinar prioridades entre regiones, barrios o comunidades. Dentro de este marco, resulta necesario el desarrollo de nuevas métricas de evaluación de impacto del cambio climático, de medición los beneficios económicos de la biodiversidad y de los servicios eco-sistémicos, así como su relación con la mitigación y adaptación al cambio climático.